La tercera sesión de la comisión de investigación creada en las Juntas de Vizcaya sobre la desaparición de los bonos del ferry Pride of Bilbao permitirá hoy conocer las exlicaciones del anterior diputado general, Josu Bergara, quien ocupó el cargo entre 1995 y 2003, periodo en el que se desarrolla la mayor parte de este caso. Junto a Bergara están citados a declarar hoy la ex diputada foral de Acción Social Inmaculada Loroño y la secretaria de esta última.
El caso salió a la luz pública el pasado año cuando el PP informó a la fiscalía, que finalmente ha archivado la investigación iniciada, de la desaparición de 35.707 bonos de viaje que la Diputación de Vizcaya compró en 1995, justo el año en que Bergara accedió al máximo cargo en Vizcaya, a la naviera P&O. esta empresa gestiona la línea del ferry Pride of Bilbao, que une el Puerto de la capital vizcaína con Portsmouth (Reino Unido). Después de que la Unión Europea considerase esa compra una ayuda de Estado, un juzgado obligó a ambas partes a devolverse las subvenciones y los bonos.
Bergara dirigía la Diputación cuando se compraron los billetes a la naviera
Sin embargo, la Diputación no pudo restituir los más de 35.000 billetes en su poder. Ello le supuso una pérdida patrimonial de 9,7 millones de euros, según comprobó el Tribunal Vasco de Cuentas. La institución foral ha negado esa pérdida, aduciendo que se han seguido usando los bonos.
La situación se ha complicado con el anuncio de la naviera de que en septiembre próximo abandonará el servicio, ante lo que la Diputación ha presentado una demanda. Pese al archivo del caso por la Fiscalía de Vizcaya, el Tribunal de Cuentas español ha decidido enjuciar la desaparición de los bonos. A diferencia de su homólogo vasco, el organismo estatal tiene potestad sancionadora y dicta resoluciones de obligado cumplimiento.
Una de las fechas clave de este caso es 1999, con la ruptura del Gobierno foral de coalición entre el PNV y el PSE. Tras las elecciones a Juntas de ese año, el PNV siguió gobernando la Diputación en solitario. En esas fechas cuando se sitúa la desaparición de los bonos. El PNV ha culpado a los socialistas y ha aducido que se encontró con el problema, mientras que el PSE atribuye la responsabilidad al Ejecutivo monocolor nacionalista. Por ello la declaración de Bergara puede aclarar algunos puntos.
En la última reunión de la comisión investigadora, la primera constituida en los 30 años de historia de las Juntas Generales de Vizcaya, declararon dos altos cargos socialistas entre 1995 y 1999: el entonces diputado foral de Transportes Martín Martínez y su director del área, Miguel Ángel Fernández, quienes negaron cualquier responsabilidad. Ambos atribuyeron el acuerdo de compra de los bonos al Departamento de Presidencia, entonces dirigido por José Luis Bilbao, actual diputado general y quien también ha sido citado por la comisión.
Los dos altos cargos socialistas aseguraron que cuando abandonaron sus puestos la institución foral poseía los bonos. Han sido las declaraciones más significativas registradas hasta el momento en la investigación. En su primera sesión, el pasado día 11, únicamente compareció una funcionaria, quien no aportó datos significativos. La próxima reunión está prevista para el 1 de julio, mes en el que se intensificará el trabajo con dos citas semanales hasta las vacaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de junio de 2010