La vuelta atrás de Tribunal Superior de Justicia sobre el veto cautelar al plan Rabassa no ha sido unánime. Carlos Altarriba Cano, magistrado ponente de la sección 1ª de la Sala de la Contencioso-Administrativo, ha emitido un voto cautelar. En sus conclusiones, el juez asegura: "Estamos ante un ejemplo [el plan Rabassa] de uso no sostenible del suelo y consumos no asumibles ni razonables de ese bien limitado". "Hoy como ayer, me sigue pareciendo que no es posible consentir la urbanización de más de cuatro millones de metros cuadrados por medio de un simple plan parcial de iniciativa particular", añade el magistrado.
El magistrado discrepante admite que efectivamente el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar es preceptivo y no vinculante, "pero que siendo expresamente negativo el informe de la Confederación, la prudencia aconseja suspender, precisamente por su carácter objetivo e independiente". En cambio, el magistrado expresa sus dudas sobre la parcialidad del informe de la entidad colaboradora (Aguas Municipalizadas de Alicante) que sí garantiza el agua.
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"El informe de suficiencia proveniente de las sociedades gestoras del agua en el que se ampara la administración para la aprobación del instrumento puede considerarse a efectos suspensivos de subjetivo, en la medida en que esas sociedades están vinculadas a las corporaciones municipales que, directa o indirectamente, proponen la modificación", razona Altarriba.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de julio de 2010