El Supremo ha estimado parcialmente el recurso de un trabajador despedido en 2002, cuando estaba en vigor el decretazo aprobado por el Gobierno de Aznar y por el que el afectado dejó de percibir los salarios de tramitación desde el momento en que fue despedido y la obtención de la sentencia que declaró improcedente el despido. El Supremo ha condenado al Estado a pagar 7.039 euros por los salarios de tramitación no percibidos más intereses. El trabajador tenía un salario diario de 67,6 euros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de julio de 2010