Hay planes urbanísticos que se dejan morir -no se ejecutan- y muchos se cambian. Lo que no es frecuente es que una modificación del Plan General Metropolitano (PGM), como la que se aprobó en 2009 para construir el hotel del Palau de la Música, se revoque. Eso acordó el pleno del Ayuntamiento en junio tras constatar que la polémica recalificación se había convertido en materia de derecho penal. El tercer teniente de alcalde, Ramon García-Bragado, y el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, están imputados. Fèlix Millet y Jordi Montull están acusados de tráfico de influencias.
Fuentes municipales reconocieron la complejidad de hacer retroceder un planeamiento ya en pleno vigor. Sobre todo cuando hay cinco partes implicadas en la operación: Generalitat -propietaria del palacete que se utilizó para la permuta- Ayuntamiento -por culminar todo el proceso- el colegio de La Salle -propietario inicial de los tres edificios de Sant Pere més Alt- la Fundación del Palau -que adquirió las fincas y las vendió después a Olivia Hoteles- y la empresa hotelera como propietaria actual. El lío jurídico es importante; tanto que el primer paso será convocar una reunión a cinco bandas para llegar a un acuerdo de cómo deshacer lo hecho. Será una negociación en la que quieren intervenir los vecinos del Casc Antic que mantienen la demanda en los tribunales de lo contencioso y en la que piden eso mismo: anularlo todo.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2010