Lo que debía ser una transición fue un régimen. Con el golpe de Estado del 23-F, los partidos españoles decidieron que se acababa el desarrollo de la democracia y se enquistaba un régimen democrático de baja calidad, basado en la interpretación y desarrollo restrictivo de una Constitución ya de por sí limitada en libertades.
Vino la LOAPA, la LOFCA y la Ley del TC. Se confundió la amnistía con el punto final y la amnesia. De aquellos polvos vinieron esos lodos. Un sistema que, pese a todo, estableció las bases del Estado de bienestar y demostró que, bien gestionado, las autonomías aportan desarrollo territorial. Pero las debilidades democráticas estructurales nos sitúan, en plena crisis global, ante la necesidad y a la vez la imposibilidad de dar un salto cualitativo en avance democrático, eficiencia del Estado y economía del conocimiento.
El TC nos sitúa en una etapa de cambio en las relaciones entre Cataluña y España
La pluralidad cultural es vista como una cruz por la mayoría de la opinión publicada
España es el único Estado europeo con partidos legales que apoyaron el fascismo o que lo jalean, donde se persigue a los que defienden la memoria de los represaliados y donde el TC recorta un Estatuto autonómico aprobado por su Parlament y las Cortes españolas y refrendado por la ciudadanía.
Según recoge el Estatuto, la soberanía catalana se basa en que el poder del Parlament emana del pueblo. Cuando el pueblo ha hablado, no hay marcha atrás. La decisión del TC nos sitúa en una etapa histórica, de cambio en las relaciones entre Cataluña y España, en qué todo es posible. No hay que volver a hacer sufrir a los ciudadanos. Si hay que pasar de nuevo por un calvario, que sea por la libertad. Intentar recomponer cualquier pacto con España es perder el tiempo. Lo único que hay que tratar son los pasos de nuestra emancipación.
Económicamente, la imagen ficticia del milagro español se ha desmoronado. Madrid es capital económica por la privatización sin liberalización real y con centralización de las compañías públicas de servicios (caso único en Europa).
La utilización del poder centralizado de concesiones para concentrar el desarrollo en la capital. El crecimiento del déficit fiscal de catalanes, baleares y valencianos para engordar el poder económico de la capital y, subsidiariamente, de las autonomías con superávit fiscal abultado. La recepción abundante de fondos europeos que ha beneficiado a las mismas regiones receptoras del trasvase fiscal procedente de la Corona de Aragón.
Tanto dinero fácil ha generado un capitalismo parásito que ha vivido y vive de la iniciativa pública, consistente en un derrochador despliegue del Estado de bienestar por encima de la capacidad de generar riqueza endógena. Y de un Estado de la obra pública y de la promoción inmobiliaria en la misma línea del desarrollismo franquista, con las mismas tentaciones para meter la mano en la caja que han ido apareciendo en los juzgados hasta hoy. Un Estado de las infraestructuras ideologizadas, bañadas de españolismo ineficiente, donde los aeropuertos no compiten entre sí concebidos como empresa. No es extraño que con una clase política mayormente procedente del funcionariado o emparentada con grandes empresas financieras e inmobiliarias, exista la incapacidad de abordar las reformas estructurales necesarias: reforma laboral, paro, PER, pensiones y jubilación; la lucha contra los privilegios de los oligopolios, la impunidad de cierta clase bancaria, las canonjías de la aristocracia burocrática.
Finalmente, un Estado central ineficiente y con más funcionarios ahora que en 1979. Y la persistencia de algunos ministerios en diseñar programas con abundantes presupuestos donde no tienen competencias. Principio de lealtad institucional que también se vulnera cuando unilateralmente un ministro decide aumentar prestaciones que deberán ser financiadas por las autonomías.
El modelo de Estado autonómico es un Frankenstein en el que la irresponsabilidad de la maquinaria central (tomar decisiones que no tocan y no tomar las que tocan) se une a la de algunos Gobiernos autónomos que han nadado en la sobreabundancia.
A ello hay que añadir la sensación de que la pluralidad lingüística y cultural es percibida como una cruz por la mayoría de la opinión publicada y que en los medios de comunicación no aparecen representantes culturales cuya lengua de creación no es el castellano. No es raro que los ciudadanos de Cataluña crean que no es posible una democracia de calidad, una prosperidad sostenida y una sociedad del bienestar homologable. Hemos descubierto cómo en el cuento infantil que el rey va desnudo.
Josep Huguet Biosca es consejero de Innovación, Universidades y Empresa y dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2010