La pregunta estuvo siempre ahí: si la plantilla no se quiere prejubilar, ¿qué pasa? La respuesta se empezó a conocer ayer, el día de constitución de la mesa laboral para cuadrar las 1.200 bajas que son necesarias en la fusión de las cajas. Los representantes de las dos empresas proponen utilizar tres mecanismos complementarios a los que recurrir si lo primero falla: bajas incentivadas, suspensión temporal de contratos y jubilación anticipada a tiempo parcial.
Si la negociación no establece más límites, trabajadores de cualquier edad podrán acogerse a alguna de estas modalidades. Todas serán voluntarias a cambio de una contraprestación económica. Las bajas incentivadas permitirán extinguir contratos, no así la suspensión, que en la práctica equivale a una especie de excedencia de uno o más años en la que el trabajador cobra una pequeña parte de su salario y se reincorpora cuando finaliza el periodo.
Las entidades quieren ampliar las restricciones a la movilidad geográfica
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Los sindicatos, que calculan que el 80% de los mayores de 60 años querrán prejubilarse, admiten estas alternativas, pero solo como último recurso. En cualquier caso la reducción de plantilla se hará de forma escalonada, conforme se vayan completando los cierres de las oficinas, y, para los que se queden, se intentarán homologar las condiciones de ambas cajas. La integración también llegará a los planes de pensiones.
A partir de ahí cuadrar los números será bastante complejo. Caixa Galicia y Caixanova quieren revisar la limitación recogida en el convenio sobre la movilidad del puesto de trabajo, establecida en un máximo de 25 kilómetros. Los sindicatos asumen que para trasladar a los trabajadores se ofrecerán incentivos de transporte o cheques para sufragar la vivienda. Hay otros escollos que no dependen de las personas que se sientan a negociar. "¿Cómo pactas una prejubilación incentivada si no sabes si la edad de jubilación se extenderá más allá de los 65 años?", se preguntaba ayer el responsable de banca de CIG, Clodomiro Montero. Eso dificultará los cálculos, estima, pero nunca "a costa de dejar en el limbo a nadie".
Como toda información, el grupo de trabajo encabezado por Miguel Ángel Prado, director de relaciones laborales de Caixa Galicia y Rubén Martínez, de recursos humanos de Caixanova, entregó a las centrales el power point que resume el proyecto que los consejos han suscrito para pedir el dinero del fondo de rescate, nada más. De nuevo se repitió la queja que vienen manifestando los trabajadores en cada reunión: la empresa suelta los datos con cuentagotas y "no cumple su promesa" de ser transparente, como recalcó José Ramón Pliego (UGT).
En cambio, sí se habló de la posibilidad, hasta ahora inédita, de que las duplicidades de oficinas en Galicia se salden con venta de oficinas, y no cierres pactados, como se había barajado. Los puntos más delicados a los que tendrá que hacer frente la mesa laboral están en las 470 bajas que tendrán que producirse en los servicios centrales de ambas cajas y en las duplicidades que se dan en las provincias de Ourense y Pontevedra. Nada se sabe de qué pasará con los trabajadores de las empresas filiales o las auxiliares que trabajan ahora para las dos cajas, a pesar de que las centrales han pedido que se constituyan mesas de negociación paralelas.
La de ayer también fue una reunión tensa entre los trabajadores. La enésima modificación de la mesa, aunque solo fuese por un detalle, colmó la paciencia de los representantes de UGT, que salieron precipitadamente del encuentro y anunciaron que la impugnarán ante los tribunales por no ser paritaria. Los 16 representantes de los sindicatos (seis de CC OO, cuatro del CSICA, tres de CIG, dos de UGT y uno de CGT), reproducen una mayoría al 65% para Caixa Galicia (que cuenta con 194 delegados frente a 104 de Caixanova).
En un principio, todas las formaciones habían acordado esa distribución, pero la presencia de un asesor externo para cada central, y no dos, como se había preestablecido, provocó que UGT se retirase. Los demás respetan su decisión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2010