Es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut despeja el camino para realizar la reforma estatutaria que en Galicia fracasó hace tres años. Sin embargo, estoy convencido de que dicha reforma de nuestra ley fundamental no se realizará, al menos durante la presente legislatura. Varias razones respaldan, creo, esta afirmación. La primera, que Feijóo, que dispone de mayoría absoluta en el Parlamento, no quiere, ni puede, abordar dicha reforma, salvo que el PSdeG y el BNG se plieguen a las exigencias del PP y asuman un nivel de autogobierno inferior al alcanzado por otras comunidades autónomas, algo difícil de imaginar.
La cultura y la vocación de Feijóo es ejercer el poder en Madrid. La Xunta de Galicia es para él un servicio obligatorio y un trampolín para conseguir aquel objetivo, y no hará nada que pueda desviarle de la hoja de ruta que se ha trazado. Cuando Feijóo ganó las elecciones existía duda sobre si el nuevo presidente mantendría su autonomía política y un cierto compromiso galleguista o si se decantaría por utilizar el Gobierno gallego como ariete contra el Ejecutivo central, transformándolo en una simple sucursal de la dirección estatal de su partido y supeditando los intereses de Galicia a la estrategia electoral del PP. Año y medio después, es evidente que Feijóo se ha decidido por esta segunda opción, disipando cualquier equívoco que pudiese existir en la sociedad gallega al respecto.
Para Feijóo, la Xunta es un servicio obligatorio y un trampolín hacia el ejercicio de poder en Madrid
Pero aun en el hipotético caso de que Feijóo quisiera, no podría realizar la reforma de nuestro Estatuto. ¿Se imaginan ustedes al presidente de la Xunta impulsando un texto estatutario que su partido recurrió ante el TC en el caso catalán, y posteriormente defendiéndolo en el Congreso de los Diputados de la mano de socialistas y nacionalistas contra su propio Grupo Parlamentario? Ni a nuestros más celebrados creadores se les habría pasado por la cabeza semejante situación.
Pero si alguien tiene todavía alguna duda, conviene recordar que en 1994, aprovechando el debate de política general, Manuel Fraga hizo una amplia reflexión sobre la situación del autogobierno en Galicia. A lo largo de su extensa intervención, el entonces presidente de la Xunta puso de relieve la existencia de importantes disfunciones administrativas, denunció la duplicidad y solapamiento de competencias, marginaciones inadmisibles en inversiones y abusos intolerables en la utilización de la legislación básica del Estado. A este panorama, Fraga añadió la perspectiva que la integración en la UE aporta al diseño del Estado autonómico y señaló la carencia de cauces adecuados para la defensa de nuestros intereses en los foros europeos. Como consecuencia de aquel análisis, Fraga formuló una batería de propuestas, incluida una reforma parcial de la Constitución, para abordar "la honda redefinición que necesita el marco general del Estado de las autonomías". ¡Nada menos!. Después de aquel debate, Fraga se mantendría todavía 11 años en el poder, pero fue incapaz de llevar a buen término una sola de las propuestas que desgranó desde la tribuna parlamentaria. No creo, y supongo que ustedes tampoco, que Feijóo tenga más autoridad política e intelectual que Fraga para enfrentarse exitosamente a la dirección de su partido en una cuestión tan fundamental. Lo dicho, Feijóo ni quiere ni puede acometer la reforma que necesita nuestro Estatuto.
Tampoco los actuales partidos de la oposición (PSdeG, BNG), pese a que no tienen el mismo grado de compromiso que les unía cuando compartían Gobierno y necesitaban evitar su ruptura, parecen dispuestos a aceptar un Estatuto inferior al catalán y, desde luego, resulta impensable que ninguno de ellos se embarque en un complejo proceso político -referéndum incluido- para realizar una simple operación cosmética en el actual texto estatutario.
Finalmente, el clima social no es el más propicio para abordar la reforma. En efecto, la reforma laboral en marcha, el intento privatizador de las cajas de ahorros, los nuevos ajustes que se anuncian en el presupuesto para el 2011 o la proclamada reforma de la Seguridad Social (pensiones) van a acaparar, con razón, la atención de los ciudadanos y a generar importantes movilizaciones sociales que dejarán en segundo plano cuestiones como la que nos ocupa. A corto plazo, pues, la reforma del Estatuto se antoja imposible.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2010