Murcia, la autonomía con la mayor tasa de abortos por mujer, paralizó ayer toda interrupción del embarazo en su territorio. El Gobierno murciano, del PP, que ya anunció que "no acataría" la ley hasta que se pronuncie el Constitucional, derivará sus casos a otras comunidades, como hace Navarra. Madrid, por su parte, ha dado instrucciones para remitir a las mujeres a clínicas privadas.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2010