Además de haber dejado en la estacada a cientos de clientes que pagaron cantidades por anticipado de viviendas que nunca se han construido, los responsables del grupo inmobiliario Mirador también deberán rendir cuentas a la justicia por vulnerar la legislación laboral y mercantil. La fiscalía solicita una condena de seis años y seis meses de prisión para el creador y administrador de la promotora, Enrique Faura, y para su hermano Leopoldo, director financiero del grupo empresarial, por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y de insolvencia punible.
El ministerio público sostiene que "los acusados han venido desarrollando una estrategia dirigida a incumplir sistemáticamente sus obligaciones con la Seguridad Social" y que su actuación se ha caracterizado por un "nulo o muy escaso cumplimiento de la normativa mercantil en el funcionamiento de las sociedades".
Aunque los acusados llegaron a constituir 17 sociedades distintas, sólo cuatro tuvieron consideración de empresa y llegaron a acumular entre junio de 2002 y agosto de 2008 una deuda con la Seguridad Social de 2.674.978 euros.
Según el relato del fiscal, los hermanos Faura auspiciaron una "confusión personal y patrimonial entre las sociedades", de forma que no sólo incumplían sus obligaciones legales, sino que evitaban que la Tesorería de la Seguridad Social pudiera ejecutar los pagos porque ocultaban las propiedades con traspasos ficticios entre unas y otras. Las sociedades han contado con trabajadores que prestaban indistintamente sus servicios en unas y otras, "sin respeto a los contratos firmados", de forma que a veces incluso llegaban a cobrar de firmas distintas de las que emitían las nóminas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de julio de 2010