El PP se mantiene en que la Justicia actúe contra la diputada autonómica de Compromís Mònica Oltra, y ha pedido para ella que sea juzgada por una falta de desobediencia a la autoridad porque el pasado 6 de abril participó en una concentración en protesta por los derribos de viviendas en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, y discutió la dispersión de los asistentes que practicó la policía. A pesar de eso, el PP se ha visto obligado a rebajar su acusación. Empezó presentándose como acusación popular contra Oltra por un delito, lo que suponía pedir prisión para la diputada. Eso ocurrió el 4 de junio pasado, después de la declaración de la imputada. El día 7, el instructor, el juez Juan Montero, rechazó la personación por un defecto de forma que subsanó. El de junio se le admitió la personación. La primera oportunidad del PP en la causa fue contestar a la petición de absolución hecha por la fiscalía. Su respuesta, idéntica a la del juez instructor: que sea juzgada por falta y que la sala de Lo Civil y Penal decida quién debe juzgarla.
Por otra parte, el portavoz del PP en las Cortes, el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en aplicación de la reciente modificación de la ley de designación de senadores territoriales, ha solicitado la comparecencia de los cinco senadores de representación autonómica, los socialistas Joan Lerma y Leire Pajín y los populares Julio de España, Alfonso Ferrada y Juan Antonio Rodríguez Marín.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de julio de 2010