El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) tomó ayer una decisión que abre una crisis en el SIP (Sistema de Protección Institucional) anunciado hace mes y medio con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Tras tres horas de reunión, el consejo de la caja acordó respaldar el contrato de integración negociado en las últimas semanas con Cajastur, salvo "algunos matices respecto a las condiciones del gobierno corporativo". Unos matices que, en lenguaje llano, no son otra cosa que una negativa de la caja alicantina a dejar de forma irrevocable todo el poder sobre el futuro del nuevo banco resultante de la alianza en manos del consejero delegado del mismo, a la sazón, el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.
Tras la reunión, la CAM comunicó que el consejo había "ratificado su decisión firme e inequívoca" de formar un SIP, aunque precisaba que también había reafirmado "la necesidad de que la soberanía que ceden las cajas la reciba y administre el consejo de administración del banco y, a través de éste, el consejero delegado".
Un posicionamiento que deja en el aire la fusión, si no es que, directamente, supone su defunción. Porque fuentes cercanas a la operación conocedoras de la postura de Cajastur señalaron que el acuerdo adoptado ayer por CAM "va en contra del protocolo [de fusión] entregado al Banco de España y supone una vulneración del acuerdo y una posible rotura del SIP". Las mismas fuentes señalaron que "los poderes del consejero delegado están explicitados ante el Banco de España", informa Íñigo Barrón.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de julio de 2010