El Ayuntamiento de Torrent, que dirige la popular María José Catalá, fue condenado el 26 de febrero por "discriminación política". La sentencia obligaba a restituir en su puesto al funcionario depurado "por razones ideológicas" y a indemnizar al afectado con 10.000 euros. Nada de eso ha ocurrido. Ahora, un auto y un decreto del juzgado de lo Social nº 7 de Valencia del 5 de julio obligan al Consistorio al "inmediato cumplimiento de la obligación impuesta en el fallo de la sentencia" dictada por el citado juzgado. El equipo municipal del PP justificó el incumplimiento alegando que había presentado un recurso contra la sentencia. Pero contra este auto no cabe recurso y, por tanto, está obligado a readmitir a este trabajador afiliado de la UGT, que fue candidato por Izquierda Unida y posteriormente se integró en el PSPV cuando en 2007 el PP ganó las elecciones municipales y lo despidió.
"No solo estamos ante un caso claro de discriminación política, sino también ante un intento de Catalá de burlarse de las leyes y de las resoluciones judiciales", denunció ayer José Veiga, portavoz municipal socialista, que considera que ésta "ha convertido el Ayuntamiento en un cortijo en el que se vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores".
"El funcionario depurado militaba en un partido diferente del socialista cuando el PSOE gobernaba con mayoría absoluta, y en ese periodo trabajaron en el Ayuntamiento funcionarios de todas las ideas. No se marginó a nadie", recuerda Veiga.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de julio de 2010