El informe de los administradores concursales que gestionan la suspensión de pagos de la conservera Alfageme dio más de una sorpresa a los trabajadores. Pese a que los trabajadoresn han denunciado que los propietarios "dejaron morir" la sociedad, el documento estima unos activos de 94 millones sobre unas deudas que alcanzan los 64 millones de euros. La diferencia, de 30 millones, podría permitir que la empresa esquive la liquidación, que aún así es la opción "más probable", según los sindicatos. La plantilla ahora ha quedado reducida a mínimos, después de que unas 90 personas decidiesen desvincularse de Alfageme y el resto (hasta 350) se acogiesen a un ERE de suspensión temporal que finaliza enseptiembre. En Vigo apenas 11 administrativos sostienen lo que fue una conservera de éxito.
La plantilla acusa a los dueños de la conservera de dejarla morir
Los administradores concursales han asegurado a los empleados que el lunes cobrarán el finiquito (nóminas atrasadas, pagas extraordinarias) pero no la indemnización. Muchos tienen más de 50 años y llevaban toda la vida trabajando en la conservera.
La firma fue comprada junto con Marsac y Conservas Peña por la familia Lago, dueños de la promotora Promalar, en 2007. Pretendían formar un grupo de referencia en Galicia. Los empleados creen que todo se redujo a una operación especulativa sobre los solares de las fábricas. Los Lago no han dado ninguna explicación sobre su gestión pese a haber recibido cuantiosas ayudas públicas. De toda la deuda, más de 40 millones corresponden a los avales, la mayoría concedidos por el bipartito en la Xunta, que autorizaron créditos con la banca. Hasta 26 operaciones de garantía hipotecaria están respaldadas por el terreno donde se asienta la planta de Vigo, uno de los principales activos de Alfageme, valorado en unos 40 millones de euros.
En la lista de activos, el documento concursal recoge una rebaja del valor de la marca Miau de 18 a 11 millones de euros. La relación de bienes se completa con una concesión portuaria en Beiramar (Vigo), la planta de O Grove, la de Ribadumia y la de Vilaxoán. Se añaden además las marcas Eureka y Peña, las patentes, la maquinaria y el fondo de comercio.
Por la mañana, antes de conocer el informe concursal, sobre el que ahora se abre un periodo de alegaciones, los empleados se reunieron con el concejal de Urbanismo de Vigo para que mediase ante Caixanova y el Banco Popular, dos de los mayores acreedores. El edil se ofreció a reunirse con la banca para que parte de las plusvalías que se generen por la recalificación de los terrenos de Vigo estén vinculadas al pago de las indemnizaciones de la plantilla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de julio de 2010