Causa extrañeza a propios y extraños la escasa repercusión de los casos de corrupción en España a la hora de emitir el voto. Leyendo lo publicado recientemente en El acento de su periódico todo encaja: somos un país de defraudadores (23% del PIB) y parece que al ser un grupo poderoso y numeroso los partidos políticos con opción de poder se ponen de lado y anuncian periódicamente medidas más retóricas que otra cosa, como los inspectores de Hacienda bien saben y denuncian.
Así pues, es de exigir al presidente del Gobierno que "le cueste lo que le cueste" haga lo posible por acabar con esta situación para mejorar la economía nacional y por respeto a los pensionistas, funcionarios, asalariados diversos y a todas las gentes honradas del país que contribuyen con su esfuerzo al bien común.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de julio de 2010