La decisión de la Corte Internacional de La Haya sobre la independencia de Kosovo declarando que el derecho internacional no contempla prohibiciones en ese terreno supone romper la posibilidad de arbitrar soluciones pacíficas en situaciones de conflictos identitarios y sigue dejando abierta la puerta a la resolución violenta de las tensiones secesionistas.
Es cierto que la situación geopolítica de la antigua Yugoslavia, singularmente complicada y azotada por una terrorífica limpieza étnica, hacía aconsejable la desmembración de un Estado ficticio y multirracial, pero el mimetismo y la simplificación que suele operar en nuestras sociedades actuales hará exportable esa idea consagrando el derecho a la autodeterminación como la expresión más noble y legítima de quienes se dicen oprimidos y reclaman la libertad, con fundamento o sin él. Cual resorte imparable, organizaciones políticas independentistas de Cataluña, País Vasco, Escocia y Flandes, entre otros, darán carta de naturaleza a tan polémica decisión y argumentarán que incluso la justicia internacional avala sus tesis.
Por eso cabe evitar juicios apriorísticos, no aplicar la casuística del precedente y acotar dicho pronunciamiento judicial al ámbito exclusivo de las cuestiones que se le han planteado al tribunal, ceñidas al régimen administrativo al que fue sometida Kosovo por la Resolución 1244 de Naciones Unidas, en un contexto presidido por la actuación asesina de un Gobierno como el de Belgrado en manos de un criminal como era Slobodan Milosevic. Resulta patente que el estatus del territorio kosovar, convertido ahora en Estado bajo Administración internacional, se desgajó jurídicamente de Serbia y en ese tránsito su personalidad como sujeto de derecho internacional pudo ver la luz. Es la mínima sanción que un régimen genocida podía recibir.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de julio de 2010