El PSE-EE sigue viendo en los casos de corrupción de Álava, que afecta supuestamente a afiliados del PNV, un permanente objeto de crítica. Mucho más desde que se ha constatado la rebeldía de los supuestos implicados de oponerse a cumplir con la exigencia de la dirección de su partido que les ha pedido la entrega de sus carnés de afiliados hasta que se sustancien sus respectivas causas judiciales. Ayer fue el consejero de Interior, Rodolfo Ares, quien volvió a meter el dedo en la herida del PNV, a quien pidió que "separe del partido" a los implicados, comportándose de una manera "mucho más contundente" de la exhibida hasta ahora.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ares cree que "está habiendo demasiados casos de corrupción vinculados a personas muy relacionados con el PNV, algunos de ellos incluso afiliados al PNV". Para el representante socialista, "la única forma de poder demostrar con toda claridad la repulsa y rechazo a estos comportamientos es que, desde los partidos políticos, se sea contundente y claro en relación con estos casos, rechazando enérgicamente cualquier tipo de comportamiento, como parece se ha producido en estos casos, ilegal".
A su vez, EA, socio del PNV en la Diputación foral de Álava, anunció ayer que aprovechará la época estival para recabar toda la información relativa al presunto caso de corrupción alavés, en el que se encuentra implicado el ex diputado Alfredo De Miguel, y en otoño expondrá "una postura clara y definitiva".
El portavoz de EA en las Juntas Generales alavesas, Lauren Uria, y el procurador Patxi Martínez de Albeniz, destacaron que, si se ha admitido como acusación particular a la Diputación es porque ésta se "ha podido ver implicada en la trama", y que, "como mínimo, está claro que en los despachos de la Institución hubo actuaciones irregulares". Martínez de Albeniz dijo que EA no conoce el sumario, por lo que no tienen los datos para pronunciarse, ya que "podrían ser todos inocentes o bien todos culpables".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de julio de 2010