Cuando en un Estado de derecho la justicia no existe, la decepción es absoluta y la ofuscación inevitable.
Contemplo con asombro cómo el imputado Montull disfruta de vacaciones en su apartamento de Menorca, tras su fugaz prisión provisional, recuerdo cómo Jaume Matas prestó fianza de tres millones de euros y sin embargo, otros muchos acusados por crímenes igualmente execrables se pudren en la cárcel pendientes de juicio y con su presunción de inocencia violentada, solo porque el tribunal que decide sobre su situación personal argumenta que carecen de recursos económicos para afrontar una elevada fianza.
La conclusión resulta clara: el personaje rico e influyente elude la prisión preventiva y el pobre de solemnidad se pudre preventivamente en ella.
De nada sirve defender el caso, proponer medidas alternativas, buscar soluciones respetuosas con el derecho fundamental a la libertad, al menos mientras tu defendido no sea condenado ejecutoriamente. Los magistrados sienten pavor al pensar que su difícil decisión tendrá reflejo mediático y en esa tesitura mejor eludir tan alta responsabilidad. Si a lo anterior añadimos la falta de reflexión, las prisas vacacionales y la adulteración de las alegaciones expuestas por los letrados intervinientes, el resultado es descorazonador.
Desde luego, si la justicia tardía deja de serlo, la que se practica a contrapelo y sin rigor es una mayúscula injusticia. ¡Pobres justiciables.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de agosto de 2010