El Gobierno británico aboga por poner fin a la atribución de viviendas sociales con carácter vitalicio en este país como forma de incrementar la movilidad social. Según adelantó ayer The Guardian, el Ejecutivo de David Cameron tiene previsto publicar un documento en el que propondrá que las autoridades revisen periódicamente este tipo de contratos.
El objetivo de esta medida sería determinar si el inquilino necesita todavía la vivienda o si sus ingresos le permiten acudir al sector privado.
Actualmente, quienes tienen una residencia social pueden mantenerla de por vida, y en el caso de que sea del Ayuntamiento pueden incluso traspasarla a sus hijos. El Ejecutivo británico ha cuantificado en 35 libras semanales (unos 42 euros) por contribuyente el costo de estos beneficios sociales.
El argumento del Gobierno es que este tipo de contratos suponen un uso ineficaz de los escasos recursos públicos. En defensa de esta postura, el martes pasado Cameron se preguntó si tiene sentido mantener el actual sistema y planteó la posibilidad de establecer periodos de cinco años.
"Tal vez al cabo de cinco o diez años, una persona trabajará en algo distinto y ganará más dinero, y no necesitará esa casa sino que podrá permitirse contratar una en el mercado", dijo el político conservador.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de agosto de 2010