El Tribunal Constitucional investigará la ley que regula el antitransfuguismo después de admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad presentada por un juez de Alicante. Este magistrado duda de que el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que impide a un edil tránsfuga mejorar su salario o desempeñar nuevos cargos tras dejar su antiguo grupo municipal, se ajuste a la Carta Magna. El juez cree que esa normativa puede colisionar con el artículo en el que la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, cuestión sobre la que ahora deberá pronunciarse el alto tribunal.
El titular del juzgado contencioso administrativo número 2 de Alicante se basa en el caso del edil tránsfuga de Dénia, el ex socialista Juan Collado, que tras apoyar la moción de censura que dio la alcaldía al PP en julio de 2008 pasó a cobrar 44.600 euros anuales, el triple de lo que percibía como concejal del PSPV. Además, ingresó en la comisión de gobierno y fue designado por la alcaldesa, la popular Ana Kringe, regidor de Medio Ambiente y Abastecimiento. El Gobierno recurrió ante el juez esa decisión al considerar ilegales el salario y las nuevas competencias, pero el magistrado, antes de dictar sentencia y tras haber consultado a la Abogacía del Estado, ha decidido apelar al Tribunal Constitucional.
El fiscal cree que la Ley de Bases de Régimen Local sí se ajusta al artículo 23.2 de la Carta Manga, que establece que todos los ciudadanos pueden acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad pero matiza que "con los requisitos que señalen las leyes".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de agosto de 2010