El trabajo publicado el pasado lunes sobre el accidente nuclear ocurrido en 1966 nos retrotrae a tiempos de la guerra fría, la dictadura franquista y el baño del señor Fraga. Esta vez para informarnos de que Estados Unidos, responsable de los sucesos que pudieron haber sido gravísimos -sin descartar los posibles efectos a largo plazo-, dejará de pagar una importante cantidad de dinero para la vigilancia de la salud de los afectados.
Lo que no acabo de ver es qué se ha hecho con ese dinero, sobre todo con los exámenes médicos realizados en estos 44 años a los habitantes de Palomares. La afirmación recogida en la noticia dice que "no se ha detectado ningún problema ni mortalidad anormal", pero sin que ello esté documentado en un informe o revista científica disponible en la web del CIEMAT, responsable del seguimiento.
En coherencia con la transparencia propia de un Estado democrático, considero exigible que esta información, y el correspondiente estudio epidemiológico, esté disponible para los afectados, los investigadores y la población en general.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de agosto de 2010