El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la sentencia que condena a Galletas Gullón a abonar a un directivo 8,9 millones de euros de indemnización por despido improcedente. Esta cantidad tan elevada se explica por la aplicación de una cláusula de blindaje en el contrato. Mientras tanto, las Cortes Generales debaten una reforma laboral con una sustancial rebaja de las indemnizaciones para despedir a los trabajadores. Las cláusulas de blindaje no se mencionan en la reforma laboral, pese a que se han incrementado de forma espectacular en los dos últimos años con la crisis económica. Señor Corbacho, ¿por qué no se prohíben los contratos blindados? ¿Es justo que se rebajen a los trabajadores las indemnizaciones por despido mientras que se mantienen o incrementan las indemnizaciones millonarias a los directivos de empresa?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de agosto de 2010