Los sindicatos no van a permitir ni un paso atrás y están dispuestos a todo para defender el plan de vivienda, del que dependen 267.000 pisos y 40.000 iniciativas sobre suelos hasta 2012. Están en juego 12.000 millones de euros (3.000 de ellos de financiación pública) para garantizar una casa a toda familia que gane menos de 38.000 euros. La amenaza es la suspensión de ayudas anunciada hace un mes por el Gobierno central. La consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, ha convocado hoy a los sindicatos y a la patronal para ir a negociar con su apoyo a Madrid.
Que los presidentes de los Gobiernos central y autonómico, José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán, no fueran capaces de llegar a un acuerdo para garantizar el programa de viviendas sociales en su reunión del pasado día 23 preocupa a los responsables sindicales. "Es necesario que la Junta mantenga el plan, que es una política netamente social", afirmó el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana. "Estamos radicalmente en contra de cualquier recorte", zanjó tajante el secretario de Política Institucional y Concertación de CC OO, Juan Pérez.
El dirigente de Comisiones afirmó que el plan de vivienda forma parte fundamental de la concertación y de la ley, por lo que están dispuestos a reclamarlo como derecho. "Cualquier recorte", explicó el sindicalista, "dificultará el acceso de la gente con menos recursos a una vivienda digna y afectará al empleo en la construcción, que se mantiene gracias a la vivienda protegida".
El sindicalista de Comisiones Obreras aseguro que están dispuestos a "respaldar a la Junta en la negociación", pero afirma que serán contundentes si el Gobierno no da marcha atrás en su plan de recortes y que no se prestarán a "maquillarlos", como a su juicio ha sucedido con las infraestructuras.
En el mismo sentido se pronunció Pastrana, quien instó a la Junta a "pelear por los recursos necesarios para mantener el plan". Los que demandan una vivienda protegida no pueden acceder a ninguna otra, por lo que este plan es fundamental, además de que genera desarrollo, salva empresas y crea empleo, argumentó Pastrana.
Fuentes de la patronal de la construcción Fadeco informaron que esperan que las administraciones cumplan con sus compromisos. "Hay un buen número de empresarios que han efectuado inversiones importantes en proyectos de VPO y ahora ven que las ayudas se pueden detener", advirtieron.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de septiembre de 2010