Quizás sea una utopía el pensar que los trabajadores / funcionarios se deben a las leyes y normas aprobadas democráticamente en nuestro país. Los comparo con los trabajadores de la empresa privada, que se encuentran con cláusulas en sus contratos de trabajo que sí les obligan a cumplir con los criterios de la empresa contratante.
Sin embargo, la objeción de conciencia es una espada de Damocles que pende sobre cualquier ley controvertida, y un arma arrojadiza ante cualquier desavenencia política: magistrados y su manera de "entorpecer" en el Tribunal Constitucional, de personal sanitario del sistema público que se declara objetor y de educadores a vueltas con determinadas asignaturas. Todo ello a quien perjudica gravemente es a la ciudadanía y a las arcas públicas.
¿Qué ética mueve a una persona a no comprometerse a cumplir la ley y, sin embargo, querer ser funcionario?.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de septiembre de 2010