PSE-EE y PP, los dos partidos con mayoría parlamentaria que apoyan al Gobierno vasco, han definido ya el texto de su petición para que en el Parlamento de Vitoria sea creada una comisión de investigación sobre el denominado caso de Miguel. Esta investigación se hace extensiva también a la red de espionaje que recaba informaciones sobre determinadas personas y en la que se han podido utilizar medios de la Administración pública. El PNV está a la espera de recibir esta propuesta concreta antes de posicionarse, aunque en pleno estallido de este escándalo ya admitió que secundaría la investigación parlamentaria.
Los promotores de esta comisión de investigación pretenden que se determine "las responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades en la adjudicación de determinadas contrataciones realizadas desde el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y desde la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco". En esta línea, intentan que se "analice los tratos de favor a determinadas personas y empresas mercantiles desde el Gobierno vasco y sus sociedades participadas, así como las relaciones entre personal del Departamento de Interior y personas vinculadas a las empresas implicadas a fin de reunir información legítima", aseguran en el escrito que han remitido a la Mesa del Parlamento vasco.
Graves irregularidades
Tanto PSE-EE como PP parten de la base de que "la apertura de un proceso judicial y las informaciones obtenidas al respecto, así como la documentación parlamentaria existente hasta la fecha, confirman graves irregularidades en la gestión administrativa y en los procedimientos de contratación que afectan, de momento a la gestión en legislaturas anteriores al Departamento de Cultura y el Departamento de Interior del Gobierno vasco y el Parque Tecnológico de Miñano (Álava).
Los firmantes de esta solicitud reclaman el respaldo del Pleno del Parlamento vasco para que se acuerde la apertura de una investigación "mediante la constitución al efecto de la correspondiente comisión especial" para depurar todas las irregularidades que, a su juicio, se han podido cometer en la adjudicación de determinados contratos y servicios. Mientras la vía judicial sobre estas irregularidades continúa abierta en la Audiencia Provincial de Álava.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de septiembre de 2010