El Gobierno ha convertido la renovación del Tribunal Constitucional en un objetivo prioritario. Después de casi tres años, y tras la enorme polémica que supuso el hecho de que tres magistrados juzgaran el Estatuto catalán con su mandato ya cumplido, el Ejecutivo quiere acelerar los trámites.
Por eso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha tomado las riendas de la negociación y ha contactado con Federico Trillo, el responsable de Justicia del PP, para urgirle a buscar un pacto. El Gobierno quiere lograrlo antes del miércoles, fecha en la que se reúne la Comisión de Nombramientos del Senado.
Sin embargo, el pacto está aún muy lejos. En el PP ha triunfado de momento la tesis más dura, esto es la de mantener a toda costa a sus dos candidatos, Francisco Hernando y Enrique López. El PSOE aceptaría el primero, pero considera inasumible el segundo, un juez sin apenas trayectoria y muy asociado al discurso anti-PSOE cuando era portavoz del Poder Judicial. López ha sido declarado no apto por el propio Senado.
El PP rechaza el criterio utilizado por el Senado e insiste en mantener a sus dos candidatos, lo que en la práctica bloquea la renovación. Mientras el Ejecutivo se muestra indignado por esta estrategia -que podría retrasar tanto la renovación como para hacer que este tribunal juzgue, con una mayoría favorable al PP, el recurso contra la ley del aborto- el PP insiste en que Zapatero y Rajoy pactaron que cada uno elegiría a sus candidatos y el PSOE no tiene derecho a vetar a López.
El PSOE se inclina como uno de los dos nombres que le corresponden en el Senado por Encarnación Roca, nominada por el Parlamento de Cataluña, a propuesta del PSC, pero aceptada por CiU.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de septiembre de 2010