Después de casi tres años sin que los partidos mayoritarios hayan podido ponerse de acuerdo respecto a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que deberían haber sido sustituidos en sus puestos, está claro que existe un progresivo desprestigio de sus integrantes y de la propia institución, en la que la adscripción política del candidato parece primar más para el acceso a la misma que sus méritos jurídicos.
Lo que deberían haber hecho los componentes que están prorrogados en sus puestos es simplemente, por dignidad y pasado un tiempo, haber abandonado sus cargos, reintegrándose a sus ocupaciones anteriores, reforzando de esta manera la cuestionada legitimidad del Tribunal Constitucional y forzando finalmente a PSOE y PP a alcanzar un pronto acuerdo para no seguir transmitiendo ante la mayoría de los españoles la penosa imagen a la que tanto nos estamos acostumbrando.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de septiembre de 2010