La Ley de Costas previó para los zonas clasificadas como suelo urbano antes de su redacción una rebaja de la servidumbre de protección, que se fijó en 20 metros frente a los 100 en los que se estableció el límite general. La Ley de Vivenda de la Xunta, aprobada la pasada legislatura, contenía una disposición adicional que extendía este régimen a los núcleos rurales tradicionales, pero está en suspenso tras un recurso del Gobierno central al Tribunal Constitucional por invasión de competencias.
La propuesta que presentó el PP ayer recupera el contenido de aquella disposición y va más allá, ya que permite legalizar lo que se encuentra en la franja entre los 20 y los 100 metros, incluidos aquellos núcleos rurales que no fuesen "preexistentes" a la norma de 1988, e incluso seguir construyendo en ellos. También plantea, además, conceder concesiones de explotación en la franja no ya a los propietarios, sino "a los que hubiesen llevado a cabo construcciones hechas al amparo de actos administrativos públicos con fecha anterior o no a la entrada en vigor de la ley".
Si el Estado quisiese rescatar tales concesiones debería correr, según la propuesta, con las hipotecas que tuviesen las casas. De renunciar a pedir la concesión, además, los afectados tendrían derecho a una propiedad de las mismas características o una indemnización calculada según los precio de mercado.
El texto también autoriza, tal como está redactado, a "nuevos usos y construcciones de acuerdo con los planes de ordenación en vigor".
La modificación llega al extremo de permitir, en el punto más criticado por los grupos de la oposición, que los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la Ley de Costas, surgidos también "al amparo de actos administrativos públicos", puedan ser "excluidos del dominio público marítimo terrestre por decisión administrativa previo informe preceptivo del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de septiembre de 2010