Los guardias civiles Rafael Segura y Carlos Augusto Palomo serán juzgados por la sección segunda de la Audiencia de Valencia por su colaboración con una banda de narcotraficantes internacional que introducía cocaína en contenedores por el Puerto de Valencia. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha cerrado el sumario manteniendo la imputación de los dos agentes del instituto armado, cuyo destino hasta ingresar en prisión de manera provisional era el puesto de Tavernes Blanques, junto a otros 17 imputados. El juez considera que los guardias civiles tenían el cometido de "advertir a la organización de las actividades policiales mediante el acceso a las bases de carácter secreto, asegurando la impunidad, revelando información privilegiada de las actividades policiales o judiciales y asesorar para la mejor culminación de sus fines ilícitos". Por esos servicios incrementaron notable e inexplicablemente su patrimonio. Las explicaciones sobre varias de sus propiedades, varios coches y el elevado tren de vida no le han valido al magistrado, ni al fiscal.
Rafael Segura declaró a petición propia el pasado agosto. Quiso que se diera por bueno que sus dos coches pagados en metálico y sin IVA, su chalé, otras propiedades y su tren de vida salieron de una donación, sin constancia documental de su padre. Meses atrás, la que fuera mujer del otro guardia civil, de Carlos Augusto Palomo (procesado también por torturas a un inmigrante irregular cubano), pensó que la excusa de la lotería podía ser un argumento con copias de billetes premiados.
Las detenciones se practicaron a finales de 2008. Todos los imputados salieron con mínimas fianzas, a pesar de que inicialmente tuvieron peticiones muy altas. El sumario está cerrado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de septiembre de 2010