El Ayuntamiento de Petrer (Alicante), del PP, pretende cobrar entre 500 y 600 euros a las entidades bancarias por la instalación de cajeros automáticos en la vía pública.
El concejal de Hacienda, Oscar Payá, ha explicado que tratará de conseguir el respaldo de la oposición a la nueva tasa y avanzó que ya ha elaborado un borrador de ordenanza fiscal para aplicarla en el municipio a partir de 2011.
Payá ha asegurado que la ley permite al ayuntamiento adoptar este tipo de iniciativas y ha añadido que se trata de "buscar formas de compensar la pérdida de ingresos" municipales.
Paralelamente, el PP se propone congelar el resto de impuestos a los ciudadanos por segundo año consecutivo, con algunas bonificaciones especiales para colectivos como las familias numerosas, jubilados o pensionistas.
El equipo de gobierno también mantiene su idea de cobrar un impuesto a las operadoras de telefonía móvil aunque esta medida sigue pendiente de un recurso presentado por las compañías.
El responsable de la hacienda municipal ha confiado en que la Justicia sea ágil y falle a favor del ayuntamiento antes de final de este año, para aplicar la tasa ya en el próximo ejercicio económico ya que la previsión municipal es recaudar por este concepto unos 150.000 euros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de septiembre de 2010