Los sospechosos de filtrar exámenes de acceso a la Guardia Civil y de falsificar títulos de ESO aseguraron ayer en sus declaraciones ante los magistrados de la Audiencia Provincial que la acusación de la Fiscalía se fundamenta en la investigación de Asuntos Internos del Instituto Armado, que se desarrolló entre "acosos", "coacciones", "presiones" y "amenazas". Así se expresaron cuatro de los guardias en activo que están siendo juzgados: José Antonio F., Javier C. B., José Ignacio M. P. y Ramón S. El resto de los encausados también destacaron irregularidades en la obtención de pruebas por parte de los inspectores.
En total 15 personas están siendo juzgadas desde el lunes, nueve de ellas agentes de la Guardia Civil, a los que se les imputan los delitos de revelación de secreto, falsedad de documento y prevaricación. El fiscal les pide penas que van hasta los 10 años para el presunto cabecilla de la trama, Paulino O. R., destinado en la sección de Formación de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. El propio Paulino O. R. negó haber filtrado exámenes a cambio de dinero, asegurando que su único cometido era "llevar cafés".
La encausada Carmen D. M., quien con su denuncia originó la investigación de Asuntos Internos del Instituto Armado, declaró haber sido objeto de una violación por parte de uno de los implicados: Antonio P. V., que no está siendo juzgado por padecer una enfermedad terminal. Asimismo dijo que firmó la denuncia, "que elaboraron unos agentes", sin leerla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de septiembre de 2010