"No hubo quebranto económico porque tenemos los derechos de viaje". Con esa rotundidad se expresó ayer el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, durante la tensa sesión de ayer en la comisión de investigación de las Juntas Generales que busca aclarar la desaparición de 35.707 bonos del ferry Bilbao-Porstmouth comprados a la naviera P&O, según fuentes presentes en su comparecencia.
Bilbao defendió la actuación del ente foral en el proceso, que terminó, según el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, con un perjuicio patrimonial de 9,7 millones de euros. Los bonos fueron comprados por la Diputación a P&O en 1995 para promocionar este transporte, pero la compra fue declarada ilegal por la UE en 2000 al considerarla una ayuda de Estado.
Preguntado si existía algún tipo de acuerdo, no reflejado en el convenio con la naviera, que garantizase que la compañía cobraría independientemente de la decisión de la UE, Bilbao sostuvo que no le consta "formalmente" nada parecido. Añadió que un acuerdo así "no se puede tomar" porque sería ilegal. Afirmó que no le consta tampoco que el asunto fuese tratado por los servicios jurídicos y por Presidencia, departamento que él mismo dirigió entre 1999 y 2003. Hasta 2001, afirmó, apenas tenía conocimiento de la cuestión.
En 2007, con Bilbao ya al frente de la Diputación, un juzgado de Bilbao declaró nulo el acuerdo, obligando al ente foral a recuperar el dinero de los viajes no usados y devolver los bonos. Al no restituirlos, terminó pagando a la empresa. Bilbao sostuvo que no hubo quebranto económico alegando que la Diputación tiene los derechos de viaje en el ferry. Los grupos políticos le replicaron que eso no tiene sentido, ya que la línea Bilbao-Portsmouth dejará de operar a finales de mes por falta de rentabilidad. La Diputación ha llevado a los tribunales a la naviera por el cierre.
También declararon ayer los diputados de Promoción Económica, Iñaki Hidalgo, y de Relaciones Municipales y Administración Pública, Patxi Sierra-Sesumaga. En la sesión del próximo martes comparecerán el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque, y su antecesor, Jesús Álvarez Galdós.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de septiembre de 2010