La polémica en torno a los chiringuitos, a los que el Gobierno quiere obligar a reducir el espacio de las terrazas para adecuarlos a la Ley de Costas, renació ayer con motivo de una reunión entre la Confederación Empresarial de Hostelería de Valencia y los consejeros de Gobernación, Serafín Castellano, y Turismo, Belén Juste, a la que asistió la concejal de Playas de Valencia. Los cargos políticos cargaron contra el Gobierno. Las declaraciones más destempladas las pronunció, sin embargo, Juan Carlos Gelabert, presidente de los hosteleros. Preguntado por qué vía podría emplearse para solucionar el conflicto, Gelabert contestó que el problema se decidirá por la "vía electoral".
Dado el alineamiento que en esta cuestión se ha producido entre los hosteleros y las Administraciones autonómica y municipal valencianas, gobernadas por el PP, el comentario fue interpretado como una alusión al desalojo de los socialistas del Gobierno.
Castellano aseguró que la Generalitat respaldará las peticiones de los hosteleros. Recordó que el Consell ha solicitado el traspaso de las competencias sobre Costas e instó al ministerio a fijar una reunión para buscar alternativas antes del 16 de octubre, fecha límite para que los chiringuitos de la Malva-rosa reduzcan el espacio de sus terrazas a lo que fija la ley (100 metros cuadrados de local y 50 de terraza). Medio Ambiente ha llegado a acuerdos con buena parte de los establecimientos del barrio marinero, que tienen que renovar sus licencias pronto. Castellano censuró la estrategia de negociar "local a local y playa a playa" porque es una forma, dijo, de "chantajear a los hosteleros".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de septiembre de 2010