El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) no se conforma con la hipotética indemnización de 4,1 millones de euros por 15 años de saqueo y expolio de sus arcas que le calcula la Fiscalía en el caso Malaya. El consistorio exige también los 4.000 millones de multa que el ministerio público reclama a los procesados en la causa de corrupción que arranca el próximo lunes y que, en caso de hacerse efectivos, debería ingresar el Estado.
El Consistorio, personado como acusación, reclama la aplicación de la Ley 17/2003, que regula el fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas o blanqueo de capitales. Esta normativa contempla que los fondos recuperados se empleen en la lucha contra el narcotráfico y abre una vía para puedan restituirse a las entidades locales. "Sería lógico que los bienes embargados que han sido amasados a través del propio Ayuntamiento de Marbella retornen a las arcas municipales y sirvan para luchar contra la corrupción", aseguró el portavoz municipal Félix Romero.
El gobierno municipal, dirigido por el Partido Popular, reclamó también a la Junta de Andalucía, también personada, que "secunde de manera expresa" su iniciativa. "Serviría para cumplir el acuerdo de pleno en el que la administración económica se comprometió a hacer todo lo que estuviese en su mano para que estos bienes revirtieran en la ciudad", consideró Romero.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de septiembre de 2010