La investigación que dirige la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, para esclarecer un supuesto caso de sobreseimiento irregular de sanciones en la Policía Local continúa deparando nuevos datos. Ayer pasaron por el despacho de la magistrada cinco agentes para declarar como imputados. Uno de ellos aportó documentos de denuncias que supuestamente no se tramitaron, bien por desaparición o por prescripción, vinculadas a miembros de la cúpula de la policía.
Este agente reconoció que nunca hubo control en la formulación y tramitación de las multas, pese a que, precisó, esta circunstancia se le había comunicado a sus superiores inmediatos a través del sindicato al que pertenece (CSIF). Tras insistir en que la cúpula policial sabía lo que pasaba, expresó la sospecha de que no hicieron nada para poner coto a la situación. Entonces, el declarante exhibió la copia de varios boletines de sanción presuntamente no tramitados, acompañadas, en algún caso, de documentación gráfica. El agente explicó así que el responsable de la unidad de coordinación, nombrado por el director general, tenía dos sanciones que prescribieron por un día. El resto de multas que se pusieron en la misma fecha sí se tramitaron
Coches mal aparcados
El policía que declaró ayer exhibió otro boletín de denuncia al vehículo del director general, estacionado en zona prohibida. La policía había sancionado al turismo y a otros en las mismas condiciones, pero más tarde la relación de sancionados desapareció. El agente admitió, sin embargo, que dado el sistema que había en la Policía Local de Lugo era imposible saber si esas denuncias se presentaron para su trámite.
La mayor parte de los agentes que han prestado declaración como imputados, más de 30, reconocieron que en la Policía Local de Lugo se admitían en ocasiones alegaciones verbales. El sumario del caso consta de unos 1.000 folios, en los que aparecen recogidos 220 boletines de sanción y también aparece reflejada la transcripción de conversaciones telefónicas y un buen número de supuestos beneficiarios.
Un registro en las dependencias policiales y escuchas telefónicas pusieron sobre la pista a la juez. El caso llevó a la imputación de 80 agentes, investigados por tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de septiembre de 2010