Resulta que en nuestro país, desde 1926, existía un organismo que regulaba de manera eficaz y solidaria la gestión de las cuencas hidrográficas. El sistema, al parecer luego copiado en Europa, hacía que el reparto del agua, un bien común y escaso, fuese equitativo entre todos los españoles y responsabilidad del Gobierno central. Pues bien, nuestro presidente actual, en un claro ejemplo de irresponsabilidad política, se dedicó a deshacer algo que funcionaba y a crear un nuevo problema donde no lo había. Y donde existía un Plan Hidrológico Nacional surgieron las electoralistas reivindicaciones de las autonomías.
Ahora se pretende volver a la situación anterior. Bien está, pero episodios como el descrito bastan para descalificar a un político para estar al frente de un país.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de septiembre de 2010