El 12 de octubre de 1999 el barrio de Sants quedó arrasado por una manifestación de protesta contra el Día de la Hispanidad y 17 jóvenes fueron condenados a diversas penas de cárcel. La peor parte se la llevó Antonio R. A., al que se le impusieron cuatro años que nunca acabó cumpliendo, porque cuando el juez ordenó su ingreso en prisión puso tierra de por medio. Diez años después de los hechos, el prófugo regresó a España, pero no para entregarse, sino porque los hechos ya han prescrito.
El caso ilustra los agujeros que presenta el sistema judicial y el desaliento que causa el incumplimiento de las sentencias tras poner en marcha todo el aparato del Estado para perseguir el delito y condenar a los delincuentes, sean de cuello blanco o antisistema. Antonio R. A., que tenía antecedentes penales, fue detenido días después de los graves destrozos al ser identificado por televisión con un lanzacohetes. Se le condenó por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y daños, pero como si nada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de octubre de 2010