La acumulación de renuncias a una VPO ganada en sorteo público por no poder disponer de medios de financiación pertinentes como ha constatado el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga (IMV) evidencia los obstáculos que las familias con menos ingresos encuentran para comprar una casa, a pesar de los programas públicos.
El conocimiento de casos como este avivan el debate sobre la conveniencia o no de mantener las ayudas públicas a la compra de viviendas o reconducir la acción de las administraciones públicas al alquiler y la rehabilitación, y sobre la que la Junta de Andalucía y el Gobierno central mantienen posturas enfrentadas.
La Junta está a la espera de conocer la respuesta del ministerio a sus alegaciones al borrador del decreto que elimina las ayudas directas a la compra de viviendas a partir del próximo 1 de enero. La Administración andaluza pretende que se prorrogue en seis meses la ayuda estatal a la compra de viviendas protegidas, de forma que se garantice este derecho a los adquirentes de casas que obtengan la calificación provisional antes del 30 de junio de 2011, y que además se concedan las subvenciones en el momento del inicio de la construcción y no al final, cuando se produce la subrogación en la hipoteca.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de octubre de 2010