La polémica sobre la ampliación de la Universidad de Alicante dio ayer un giro sorprendente. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, aseguró que la discrepancia entre ambos organismos a la hora de pactar la citada ampliación reside en las viviendas que la universidad proyecta para ayudar a pagar con las plusvalías que generen los gastos de urbanización. Viviendas que fuentes de Urbanismo cifraron en más de 1.500. "Creemos que el tema residencial no se debe mezclar", aseguró Castedo.
Hace dos semanas en su discurso de apertura del curso académico, el rector Ignacio Jiménez Raneda, reclamó a Castedo un acuerdo para poder ampliar el campus. Ayer, la regidora dejó claro que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reserva 900.000 metros cuadrados para este fin, con lo que la ampliación prevista en el término municipal de Alicante está garantizada. Será suelo dotacional en el que el Ayuntamiento entiende que pueden haber una determinada cantidad de viviendas de protección pública para estudiantes, pero no que se levanten más de 1.500 casas que ocuparían entre 150.000 metros cuadrados y 200.000 metros cuadrados de la ampliación. "Hay discusión en la construcción de viviendas, puesto que el Consistorio no comparte esa construcción y la universidad sí, porque con ella obtendría plusvalías para sufragar los gastos de urbanización", esgrimió Castedo. El vicerrector de Infraestructuras, Vicente Montiel, negó categóricamente que fueran viviendas residenciales. "Son residencias universitarias, con zonas verdes y áreas deportivas", dijo el vicerrector que admitió que la negociación con el Ayuntamiento "avanza pero no están el punto óptimo". La Universidad no supo cuantificar el número de viviendas previstas junto al parque científico y el tecnológico.
Castedo se mostró dispuesta a limar diferencias con Raneda lo antes posible.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de octubre de 2010