La consejera de Cultura, Blanca Urgell, aseguró ayer que ninguna empresa será multada por incumplir el decreto que aprobó el Gobierno de Juan José Ibarretxe para regular el uso del euskera en los comercios. Urgell precisó en la comisión de Cultura del Parlamento que ha encargado un informe jurídico para decidir la fórmula que resulta más adecuada para suprimir definitivamente las sanciones por razones de uso lingüístico en el ámbito de las empresas privadas.
El Gobierno acordó el pasado verano establecer una prórroga de un año para la entrada en vigor de las obligaciones lingüísticas de las empresas, después de que el Parlamento aprobase una iniciativa del PSE y el PP en la que se instaba al Ejecutivo a realizar los cambios normativos necesarios para eliminar las multas por causas idiomáticas.
Cultura encarga un informe jurídico sobre la supresión de las sanciones
El decreto que las regula fija sanciones a las empresas que no empleen el euskera en la rotulación y al atender al público, que en algunos casos llegaban a los 600.000 euros. Urgell señaló que el artículo objeto de la moratoria fue "un error", ya que "no se corresponde con la realidad sociolingüística de Euskadi".
La consejera explicó que la medida tomada por el Gobierno no fue "una simple moratoria", sino una iniciativa para "paralizar" el régimen sancionador durante un año, tiempo necesario para reformar el decreto y suprimir las sanciones.
El informe jurídico encargado por Cultura será la base para establecer la fórmula para reformar el decreto y determinar si también es necesario modificar el artículo de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias en el que se basa la regulación de las sanciones.
En su contestación a una pregunta del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, sobre la demora de la entrada en vigor del decreto, Urgell quiso transmitir un mensaje tranquilizador. La consejera defendió que la normalización lingüística debe llegar a través del consenso entra las fuerzas políticas y los agentes sociales. "Las multas atentan contra el consenso", sostuvo.
La consejera defendió las medidas de discriminación positiva del euskera: "Se trata de premiar a quienes lo utilicen en el ámbito de las empresas y no de castigar a quienes no lo hagan. Lo contrario es un caldo de cultivo para el conflicto". En su opinión, "las multas sólo tienen sentido si se quiere sustituir una lengua por otra". Recordó que ese tipo de sanciones no existen en ningún lugar de Europa, a excepción de Cataluña.
Respecto a las ayudas destinadas a las ikastolas del País Vasco francés, Urgell explicó que el Gobierno no las han introducido en los presupuestos porque "no tiene claro" su legalidad. La consejera criticó que las ayudas eran concedidas por anteriores Ejecutivos "por la puerta de atrás con el dinero que quedaba en caja a última hora".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de octubre de 2010