No es prevalencia que se introduzcan políticas para un sector de la población activa, que se encuentra en paro o precariedad laboral, como es el caso de los jóvenes y las mujeres. Urge actuar ya con medidas reales para solucionar la grave situación laboral que están sufriendo estos colectivos. Es necesario movilizar todos los medios a nuestro alcance, que los hay, aunque un injustificado miedo al déficit público está dejando en el camino a muchos trabajadores.
Nuestra generación de jóvenes corre el riesgo de la exclusión social (más de 400.000 jóvenes ni estudian ni trabajan), y ellos son el presente y futuro del progreso social. Las mujeres están avocadas a la precariedad laboral, cuando no a la desigualdad, si no acometemos medidas urgentes para corregir estas injusticias. Actualmente hay un total de 2.268.100 jóvenes, de entre 16 y 35 años, desempleados. Esto supone un ascenso de 143.00 personas más respecto al mismo periodo del año anterior. Si la mitad entrara en el mercado de trabajo en condiciones dignas, aumentarían los ingresos a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública; aumentaría el consumo y, lo que es aún más importante, el desarrollo personal y profesional y la autoestima; el déficit se reduciría considerablemente y, por tanto, tendríamos más medios económicos para invertir en el Estado de bienestar.
No es positivo para la actividad productiva del país ni para su progreso que jóvenes y mujeres estén encadenados al desempleo.
Actuar para corregir estas anomalías del mercado laboral no es un privilegio a favor de nadie, es avanzar en el desarrollo del país.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de noviembre de 2010