Por si alguien no lo sabe, Dexter es el nombre de una serie que se ha venido emitiendo en Cuatro y que cuenta las peripecias de un forense de Miami que tiene una particularidad: es un psicópata. Sin embargo, este personaje se atiene a un estricto código de conducta que le lleva a asesinar exclusivamente a otros asesinos. Es decir, el Doctor Morgan, que no tiene mayor inconveniente en descuartizar a sus víctimas, es una especie de verdugo privado que trata, en cierta medida, de compensar la ineficacia de la Policía y el sistema judicial. Aun cuando el planteamiento destila un cierto tufillo filofascista (otra vez el clásico vengador de toda la vida), lo divertido es que Dexter termina por caer bien a la audiencia, que se alegra de que, tras cuatro temporadas en antena, el chico continúe actuando con total impunidad.
A la vista de ciertas reacciones, o ausencia de las mismas, durante el juicio a 15 guardias civiles, celebrado la pasada semana en San Sebastián, en relación con la denuncia de torturas presentada por los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola; me pregunto si no asistimos a un cierto proceso de "dexterización". Es decir, a la asunción de que el malvado se merece ser tratado mal. O a la aplicación en grado extremo del viejo dicho de que "quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón".
Sólo así se entiende que se dedique similar atención al manual de torturas elaborado por el Ejército británico para Irak, o a las nuevas revelaciones de Wikileaks sobre la brutalidad sistemática que se infligió a los prisioneros de dicho país, como a un caso que nos toca tan de cerca.
Desde el Ministerio del Interior se insiste desde hace años en que los militantes de ETA tienen la orden de denunciar siempre torturas cuando son capturados. Casualmente, durante el citado juicio se hacían públicos unos supuestos documentos de Txeroki invitando a los miembros de los comandos a presentar dichas falsas denuncias.
A pesar de ello, España ha estado mucho tiempo bajo sospecha en el espinoso tema del maltrato policial. La existencia de posibles acusaciones ficticias no enmascara la realidad de casos como el de Joxe Arregi, Lasa y Zabala, Mikel Zabalza, Linaza y otros. Además, ahí están los informes de Amnistía Internacional en relación con la poco garantista práctica de la incomunicación a los detenidos.
Al final, la cuestión fundamental es la de s,i incluso, el responsable del crimen más abominable tiene derecho a un trato digno durante su paso por las dependencias policiales; aunque haya volado la T-4 y, paradojas del destino, la firma de un asesinado por ETA pueda convertirse en una de las pruebas clave para avalar su versión de los hechos. En el nuevo escenario que se abre, tras el final definitivo del terrorismo, ni las sospechas de torturas, ni personajes como Dexter, deberían tener nunca más cabida entre nosotros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de noviembre de 2010