El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso promovido por el Gobierno contra la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Generalitat. El pasado 15 de octubre, el Gobierno decidió interponer un recurso de inconstitucionalidad al considerar que esta ley vulnera la normativa estatal sobre empleados públicos y el régimen económico de la Seguridad Social.
El pleno del Tribunal Constitucional recuerda que la impugnación de una ley autonómica por parte del Gobierno implica la suspensión de la resolución recurrida. El tribunal deberá ratificar esa paralización o levantarla en un plazo máximo de cinco meses.
La ley de función pública valenciana fue aprobada en junio por PP y PSPV en las Cortes y apoyada por la mayoría de los sindicatos. El Gobierno recurrió porque se amplía el derecho de excedencia para cuidar a familiares dependientes a cónyuges y parejas de hecho y la decisión repercute sobre la Seguridad Social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2010