En la década de los noventa del siglo pasado, Fernando Puche era un hombre tremendamente popular en Málaga: empresario de éxito y presidente del Málaga CF, había devuelto al club a la primera división. Sin embargo, el 17 de diciembre de 1999, se apagó su buena estrella. A la salida del restaurante donde celebraba la navidad con la plantilla malaguista, fue detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Un juez que llevaba tres años investigando el contrabando de tabaco le situó en la cúspide de una organización que había introducido ilegalmente en el mercado español ocho millones y medio de cajetillas.
En la actualidad, Puche, de 64 años, es el capitalista de la plaza de toros de La Malagueta, aunque su presencia en la ciudad es mucho más discreta. El asunto del tabaco se había borrado de la memoria colectiva hasta que ayer la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia que condena al empresario y a sus principales socios a dos años de prisión y 33,3 millones de euros de multa por contrabando.
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional considera probado que Puche y el gerente de su empresa, Pedro Antonio Martín Graciani, "idearon una organización para desviar al consumo interno, sin pagar IVA ni impuestos especiales, numerosas cajas de tabaco lícitamente importadas de Estados Unidos". El mecanismo del fraude era complejo: los empresarios interpusieron un entramado ficticio de almacenes fiscales -exentos del pago de impuestos- y hacían creer que enviaban, a través de esos depósitos, el tabaco a destinos también libres de tasas, como puertos, aeropuertos o países ajenos a la Unión Europea.
Sin embargo, los cigarrillos se acababan vendiendo al por menor en España y Hacienda dejó de ingresar 16,6 millones de euros de impuestos. Además de la multa, Puche y sus socios deberán indemnizar al Estado con esta cantidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de noviembre de 2010