En la investigación policial del caso Brugal, la Fiscalía Anticorrupción y la policía acusan al ex alcalde de Alicante y ahora diputado en las Cortes, Luis Díaz Alperi, y a su entonces edil de Urbanismo y actual regidora, Sonia Castedo, ambos del PP, de recibir regalos de Ortiz a cambio de favores urbanísticos en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Entre los supuestos favores se incluirían la compra de terreno por parte del promotor en zonas declaradas parques naturales para trasladar los aprovechamientos a otras áreas urbanizables. Ayer, el grupo socialista de Alicante anunció que presentará en el pleno del martes una moción para crear una comisión que revise "los puntos bajo sospecha" del PGOU.
La portavoz socialista del Ayuntamiento, Carmen Sánchez Brufal, la candidata del PSPV a la alcaldía de Alicante, Elena Martín y la edil del grupo encargada del área de Urbanismo, María Dolores Fernández, argumentaron ayer en rueda de prensa la petición y detallaron que la comisión estaría formada por políticos y por expertos independientes. La intención última es revisar los contenidos salpicados en la investigación "para comprobar su plena adaptación a la legislación urbanística y a la garantía de los intereses generales a los que afecta, pudiendo para ello proponer las modificaciones necesarias", esgrime la moción a debatir en el próximo pleno.
La comisión estaría formada por la alcaldesa de Alicante y concejal de Urbanismo hasta hace poco, por tres concejales del grupo socialista y por tres asesores externos: un arquitecto urbanista y un abogado urbanista, designados ambos por sus respectivos colegios profesionales, y un profesor de sostenibilidad.
Martín aseguró que el PSPV no pretende "paralizar" el PGOU y acusó también a Alperi y Castedo de la "inexplicable lentitud" en la aprobación de un planeamiento que lleva más de una década de tramitación. "Alicante no tienen un modelo de ciudad", agregó la candidata socialista a la alcaldía, quien defendió que la ciudad no puede seguir "a la deriva, sin orden ni concierto y con el urbanismo bajo sospecha". Martín, que espera que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante acepte esta "propuesta constructiva", afirmó que si la propuesta es rechazada el PGOU finalmente se aprueba "será un plan urbanístico oscuro".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de noviembre de 2010