El PSE ha pedido al Tribunal Vasco de Cuentas que fiscalice las contrataciones de obras del Hospital de Cruces entre 2006 y 2009, en concreto para conocer por qué la empresa Lointek, cuyos responsables son cercanos al PNV, facturó 8,7 millones de euros por esos trabajos, de ellos un millón solo por las labores de mantenimiento. Otra empresa realiza ahora ese mismo servicio por cerca de 300.000 euros, la tercera parte de lo que cobraba Lointek.
Además, los socialistas reclaman la fiscalización de Sprilur (la sociedad pública dedicada a la gestión de suelos industriales) en el mismo periodo y especialmente una operación de compra de suelo de una finca cuando dicha sociedad estaba dirigida por Antton Zubiaurre, imputado en otra causa por supuesto espionaje a altos cargos de Industria. La Sprilur pagó por ese terreno cinco veces por encima de su precio real.
La fiscalización de municipios centra las peticiones de los grupos para 2011
Ayer se cumplía el último día del plazo para que los partidos presentasen sus propuestas de elaboración de informes por el Tribunal Vasco de Cuentas en 2011. Entre los principales grupos (PNV, PSE, PP y Aralar) suman 29 solicitudes.
La petición de los socialistas sobre las contratas de Cruces se realiza sobre la base de la información publicada por este diario el pasado 15 de noviembre, donde se revelaba que Lointek -propiedad de Construcciones Loroño- monopolizó las obras menores en Cruces desde 2006 hasta 2009. Otras empresas del sector ni siquiera concurrían al servicio porque "no ibas a vender nada", señalaron fuentes empresariales.
La dirección de Cruces rescindió el contrato a finales de 2009 después de Lointek presentara un presupuesto para la reforma de un baño por 9.000 euros, cuando el coste estimado ascendía a 2.500.
Además de los casos de Cruces y Sprilur, el PSE plantea que se realicen auditorías a cinco Ayuntamientos vizcaínos (Lezama, Santurtzi, Galdakao, Amorebieta y Abanto), todos ellos gobernados por el PNV, además de dos proyectos en Bilbao: la Alhóndiga y el Palacio de Deportes de Miribilla. Su intención es saber si ha habido "desviaciones en el presupuesto inicial" de ambos. En el caso de los municipios, se centra en recalificaciones de terrenos rústicos a urbanos, salvo en Lezama, donde pide investigar las contratas de 2008 y 2009.
El PNV reclama la fiscalización del ejercicio de 2009 de siete Ayuntamientos (Baños de Ebro, Labastida, Ermua, Trapagaran, Portugalete, Irún y Lasarte), gobernados por el PP y el PSE, además de la Mancomunidad de la Margen Izquierda, dirigida por los socialistas.
El PP limita sus peticiones de informes a cuatro, entre los que destaca una auditoría sobre la evolución de la plantilla, los gastos de personal y la contratación o inversiones en infraestructuras culturales rtealizados entre 2007 y 2010 por todos los Ayuntamientos y sociedades públicas con una población superior a 40.000 habitantes. Los otros tres se refieren a los Ayuntamientos de Orduña, especialmente en lo referente a la contratación de personal; Orozko y la junta administrativa de Aretxableta, ésta última entre los años 2003 y 2010.
Aralar ha solicitado al Tribunal de Cuentas ocho informes, cinco de ellos referidos a los Ayuntamientos y las sociedades públicas de Tolosa, Elgeta, Deba, Bakio y Errigoiti. El resto se refieren a la Mancomunidad del Duranguesado, tanto en materia de contrataciones como las ayudas públicas, la liquidación del matadero de Durango y el proyecto de la antigua plaza del mercado de Eibar. La formación abertzale reprocha que el pasado año no se atendió ninguna de sus reclamaciones.
Ahora todas las peticiones serán analizadas por el Parlamento antes de que concluya el año y luego será el propio Tribunal de Cuentas el que decidirá su plan de trabajo anual.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de noviembre de 2010