La Fiscalía ha formalizado el traslado de las diligencias que practicó sobre el supuesto fraude en Emarsa, empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que se ha hecho cargo del caso al recibir una querella por los mismos hechos por el Emshi (Empresa Metropolitana de Servicios Hidráulicos). La fiscalía, en su escrito, pone en conocimiento del juez la documentación que le fue inicialmente remitida por los socialistas y el resultado de las diligencias que practicó, entre las que estuvieron varias declaraciones relacionadas con lo denunciado. Y, además, pide al magistrado que amplíe el plazo de investigación al ejercicio 2004 y al primer semestre de 2010, lo mismo que solicitó el Emshi en su querella.
Los hechos, en esencia, son la posible reclamación a Emarsa de varias empresas por servicios "que podrían no ser reales". Tanto la fiscalía como la querella del Emshi quieren que se averigüe si "se realizaron pagos a proveedores que no corresponderían a ningún servicio prestado". De entrada, la primera sospecha es que la adjudicación de contratos se realizó incumpliendo los principios de publicidad y competencia por cantidades millonarias. La contratación pasó de 600.000 euros en 2004 a cinco millones en el último ejercicio. Una primera valoración de la cantidad desviada por estas supuestas prácticas podría llegar a los 24 millones de euros.
La investigación, pide la Fiscalía, tal como solicitaron los socialistas, se ampliará a otros proveedores, algunos de ellos con sede en Cataluña, y varias personas, además del gerente y el director financiero de Emarsa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de noviembre de 2010