La ley para la prevención del alcoholismo juvenil que prepara el Parlamento mantendrá sanciones de hasta 600 euros a los menores que consuman alcohol. La oposición no pudo hacer nada para evitar estas multas, tal y como pretendía en la comisión de Sanidade de ayer. Pero el PP hizo una enmienda al texto para que las sanciones sean un último recurso y se primen siempre los trabajos a la comunidad. Solo tendrán que pagar "ante la imposibilidad de sustituir la multa" por inexistencia de programas o desinterés del menor.
Esta modificación fue la más sustancial que se hizo al texto, que por lo demás quedó prácticamente como estaba: prohibirá a los menores de 18 años consumir bebidas aunque sean de baja graduación y limitará el horario en el que las tiendas pueden venderlas.
Decenas de enmiendas de la oposición fueron rechazadas. "Cambian el espíritu de la ley, argumentó la diputada popular Ángeles Díaz Pardo. Tanto BNG como PSdeG consideraron que la ley que aprobará el Parlamento no tiene "nada de preventiva" sino que "busca el castigo económico". "Hay poco de educación y mucho de multa", resumió la nacionalista Ana Luísa Bouza. "La sanción no va a solucionar el problema de alcohol en menores. Y en la ley no hay más, todo el proyecto se resume en las multas, que son un poco escalofriantes", añadió el socialista Modesto Pose.
La portavoz del PP replicó que es una ley "necesaria", que se hace eco de problema existente en adolescencia. "Durante expo de motivos y desarrollo de ley se hace hincapié en prevención en todos ámbitos, sobre todo en el educativo. La sanción no es más que un medio coercitivo en beneficio de la salud de los jóvenes. Además, hay que tener en cuenta que los programas educativos pierden eficacia en contextos permisivos", respondió Díaz Pardo. También calificó de "necesario" eliminar las promociones en los bares, las happy hours y los dos por uno, en referencia a algunas de las medidas que incluirá la norma.
En la parte que el PP enmendó, también se incluye que las multas puedan ser conmutadas las multas por programas educativos, pero siempre bajo la premisa de que sean los propios infractores quienes soliciten participar en ellos. De lo contrario, según el criterio de Díaz Pardo, estas aulas se convertirían en "jaulas de grillos". La oposición pedía eliminar las multas y hacer obligatorios estos cursos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de noviembre de 2010