En el caso de las torturas en la prisión ilegal de Guantánamo, la actuación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, según los cables del Departamento de Estado, adelantó a la embajada de EE UU que intentaría que el caso recayera en el juez Ismael Moreno en lugar de Baltasar Garzón. También aconsejó a las autoridades de ese país que abrieran una investigación para evitar que la española pudiera seguir adelante.
-Vulneración de un derecho fundamental. Los jueces y abogados consultados por este periódico consideran que la actuación de Zaragoza recogida en los cables para que fuera Moreno y no Garzón el juez del caso podría haber afectado al derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de las supuestas torturas Lahcen Ikasrrien, Hamed Abderramán Ahmed y el resto de querellantes. Ese derecho se recoge en el artículo 24 de la Constitución y una de sus variantes es la del "derecho al juez natural predeterminado por la ley".
El derecho al juez natural de las víctimas pudo vulnerarse
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-Asesoramiento jurídico prohibido. El hecho de que Zaragoza aconsejara a EE UU, según los cables, que abriera un caso para que se cerrara la investigación española supondría, según algunos de los juristas consultados, una infracción disciplinaria ya que el EOMF prohíbe a los fiscales el asesoramiento.
-Incumplimiento del principio de imparcialidad (artículo 48 EOMF). Con la información facilitada a EE UU del caso y los consejos a su embajada, el fiscal podría haber vulnerado el principio de imparcialidad con el que, según la ley, debe actuar. Algunos juristas creen que, con esta actitud, Zaragoza pudo cometer un "fraude procesal".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de diciembre de 2010
