En 2008, el Gobierno bipartito (PSOE-BNG) encargó un estudio para investigar las causas y las medidas correctivas para la proliferación del alga tóxica en el embalse del Umia que había hecho su aparición dos años antes. El trabajo fue encargado con un presupuesto de 151.799 euros a los laboratorios Labaqua, que lo entregó en abril de este año. Un mes después, la Xunta puso en marcha otro de carácter experimental en el embalse de Forcadas para la aplicación de los mismos elementos que en el de Caldas para impedir la proliferación de las cianobacterias. El convenio que firmaron a este efecto Augas de Galicia y la Universidad de Santiago supuso otros 121.190 euros.
El trabajo de Labaqua no llegó a presentarse públicamente y la empresa no ha querido dar detalles al respecto, invocando la cláusula de confidencialidad del contrato que firmó hace 18 meses con la Xunta. Pero fuentes de Medio Ambiente indicaron a este diario que el estudio "más allá de la caracterización del sedimento, no ofreció un mínimo plan de actuación para solucionar el problema y se reveló inútil en sus conclusiones". Y añadieron que "de hecho, ni siquiera se llegó a certificar en su totalidad".
Las mismas fuentes consideran que el estudio encargado por el bipartito indica que la reducción de fósforo en el embalse podría solucionar los problemas de toxicidad, pero creen que solventar este problema es mucho más complejo que construir nuevas redes de saneamiento, como ahora proyecta el actual Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de diciembre de 2010