La declaración del estado de alarma es, por definición, un hecho excepcional. Si se ha utilizado este recurso, por primera vez en la democracia española, es porque el Gobierno no había sido capaz de encontrar otra salida al conflicto con los controladores. La irresponsable acción de este club de selectos empleados aeroportuarios puede servir a Zapatero de tapadera de sus responsabilidades, pero no justifica la suspensión del juicio crítico sobre la acción gubernamental. Los controladores ya han pagado su prepotencia con el desprecio de gran parte de la sociedad, a la espera de que la justicia resuelva sobre sus responsabilidades. Pero la declaración de estado de alarma nunca puede ser un éxito. Los mecanismos normales no han funcionado. Y esto siempre es una mala noticia.
La crisis de los controladores da cuenta de una crisis de autoridad de un Gobierno que lleva demasiado tiempo dando tumbos. "Los controladores la iban a montar y había que cortarlo", ha dicho Rubalcaba. No hubo sorpresa. El Gobierno sabía que si no cambiaban las normas los aeropuertos vivirían una Navidad agitada. Y sabía también que si cambiaban las normas se produciría un barullo importante. Las cambiaron la vigilia del puente. Y se montó el follón. Tampoco del lado de los controladores cabe el argumento sorpresa en que se han escudado los representantes sindicales, en un ejercicio de cinismo que confirma el desprecio del colectivo por la ciudadanía. Se sabía lo que iba a pasar y se sabía lo que se iba a hacer. Era un pulso límite y el Gobierno disponía de las armas para ganarlo. La ingenuidad de los controladores fue pensar que no las utilizaría.
El Gobierno osó acudir a las armas excepcionales porque su propia debilidad lo exigía. La debilidad favorece los comportamientos erráticos. Zapatero se ha puesto como una alfombra ante Marruecos o ante las presiones de los mercados y del norte de Europa, porque son demasiado fuertes, y, en cambio, ha sacado el arsenal intimidador ante un grupo impopular y pretencioso como el club de los controladores. Ahora el Gobierno celebra su éxito. Arrastraba una imagen de falta de autoridad que repercutía día a día en las encuestas. El Gobierno se ha puesto macho, con el aplauso general que estas actitudes generan en sociedades conservadoras como las nuestras. La maniobra estuvo bien calculada. Y todo el mundo ha visto en ella la mano de Rubalcaba, que en este momento goza del beneficio de ser la última esperanza de los electores de izquierdas que no quieren ver ni en pintura el regreso de la derecha al poder.
El Gobierno acababa de perpetrar un grave ejercicio de exceso de celo en su giro derechista, con la supresión de los 400 euros a los parados de larga duración. Sin embargo, por unos días, toda la atención se centra en haber puesto en vereda a un grupo social antipático. ¿Hasta cuándo durará el efecto? Probablemente hasta que el Gobierno tenga que tomar nuevas medidas impopulares por exigencia de los que mandan en la Unión Europea y del poder financiero. Y cuidado, porque el poder financiero ha conseguido un éxito de lenguaje muy importante: que ya no se hable de deuda privada -la suya, que es la que de verdad lastra a España- y de deuda pública -la que el Gobierno intenta enderezar-, sino de deuda soberana, que incluye a las dos de modo indiferenciado. Es la condición previa para transferir sus deudas al pago de los contribuyentes.
El Gobierno respira con un gesto de autoridad. En un momento en que quizá Mariano Rajoy ha llegado a la conclusión de que es mejor que Zapatero, ahora que se ha puesto en línea con las exigencias de los ínclitos mercados, acabe de quemarse haciendo el trabajo sucio, de modo que cuando él llegue el terreno esté ya bastante despejado. En cualquier caso, cuando a un Gobierno se le acumulan los fuegos es que algo falla. Cuando una crisis sucede a otra -Marruecos, derrota en Catalunya, la deuda, los controladores, en menos de un mes-, la sensación de gobierno provisional y precario aumenta. ¿Qué puede hacer Zapatero? ¿Aguantar hasta el final a riesgo de que el descrédito siga aumentando? ¿Convocar elecciones anticipadas que no parecen aconsejables en el momento agudo de la crisis? ¿O renunciar para que el Parlamento elija a Rubalcaba presidente? Esta, que para muchos sería la fórmula sensata, tiene precedente: Calvo Sotelo, cuya elección fue interrumpida por un golpe de Estado, y al que un año y medio de buen trabajo no le sirvió para evitar la derrota de los suyos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de diciembre de 2010